Isabel Ríos Aragón salió hace casi un año del poblado de Saucito San Javier, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando dos grupos criminales usaron su comunidad como campo de batalla.
Ella y sus familiares son ocho, hoy viven en dos cuartos hechos de lámina de cartón con techo de plástico que acondicionaron cerca del relleno sanitario de Culiacán.
Cuando llueve, el agua hace estragos en este lugar, cuando hace calor, el olor a basura es intenso, reporta Noticieros Televisa.
En su comunidad, Isabel y su familia vivían de lo que sembraban y de sus animales de granja, ahora sobreviven como pepenadores.
VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
El desplazamiento forzado de personas en Sinaloa, provocado por la violencia del crimen organizado y recientemente por el robo de oro en la zona de minas, continúa.
“Aquí la cosa es grave, toda la zona serrana desde Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio, Cosalá, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Culiacán, Choix, toda la parte serrana, todos los municipios pegados a la sierra tienen este problema”, señaló Miguel Ángel Jardines, del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS).
Se desconoce cuántos son los afectados, pero hay algunas estimaciones. “Son cerca de 41 mil personas las que desde el 2009 han tenido que dejar propiedades, tierra, querencia, como ellos mismos dicen de sus lugares de origen”, señaló Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.
En marzo pasado, el gobierno de Sinaloa comenzó a censar a las familias desplazadas en todo el estado. La metodología la diseñó la Universidad Autónoma de Occidente.
La medida forma parte de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida en 2017, sobre esta problemática.
